Una de las tesis más influyentes de Karl Marx es su dura crítica a la distribución de beneficios en el capitalismo de su tiempo. Es decir, que aquellos que aportaban el capital se quedaran con los beneficios empresariales, mientras quienes aportaban el trabajo obtuvieran únicamente un salario mísero. Se producía así lo que Marx llamaba alienación o enajenación económica.

La crítica de Marx es simplista por varios motivos, tal como han señalado muchos economistas desde entonces. Sin embargo, no deja de apuntar un problema de fondo: cuando el salario no reconoce el valor real aportado a la empresa o cuando es insuficiente para una vida digna, se produce efectivamente una alienación o una usurpación de la persona y la vida del trabajador.

Hace unos días, el economista Javier Milei ha dado la vuelta a un siglo de política argentina con la primera victoria anarcocapitalista en la historia de Hispanoamérica. Sin duda será un hecho que marcará las próximas décadas. Es evidente que también el planteamiento global que hace Milei es simplista. El Estado y lo público no son siempre el problema, porque en muchas ocasiones son necesarios para facilitar una mínima igualdad de salida a todos los ciudadanos o para ejercer de red de seguridad ante los infortunios laborales o de salud.

Sin embargo, el discurso populista de Milei pone el foco sobre un problema real y profundo: el crecimiento desmedido y atrófico de un Estado repleto de niveles y duplicidades, que ha llegado a ser un Leviathán que lo chupa toda y lo controla todo. En este sentido puede uno preguntarse si la succión que lleva a cabo la Administración de las energías, los recursos, los beneficios y hasta el tiempo de la ciudadanía no han acabado siendo una especie de enajenación del siglo XXI: la enajenación estatista. En demasiadas ocasiones, estos recursos sirven para autosostener la estructura del Estado o para financiar proyectos y asociaciones que no han sido elegidos por los trabajadores, y no para impulsar la prosperidad económica y social.

El centro-derecha debe hacer, por tanto, una propuesta valiente de ajuste y reducción del Leviathán para devolver el poder y la libertad a los ciudadanos y a la sociedad. Para ello hay que limitar el Estado y la Administración a sus misiones esenciales: blindar la seguridad y el imperio de la ley, garantizar la igualidad de oportunidades asegurando la educación de calidad para todos, impulsar las infraestructuras necesarias para la prosperidad y ofrecer un buen sistema de salud, cuidado y protección social. El resto debería dejarse a la libre iniciativa y creatividad de la ciudadanía. Ante una ciudadanía ahogada, quien ofrezca la liberación de la enajenación estatista, ganará las elecciones.